En abril de 1680, fue abolida “por las muchas contradicciones que experimentaban las providencias que tomaba”. Se reflotó por Real Decreto del día de Navidad de 1682 y en posteriores disposiciones legales se la dotó de jurisdicción exclusiva para los asuntos comerciales y fabriles en temas como la promulgación y observación de leyes, el arbitraje de pleitos, el uso de la información y la coordinación entre territorios. Entre sus primeras medidas estuvieron la disminución de las contribuciones de comerciantes y fabricantes, la prohibición de usar géneros extranjeros, la promoción de técnicos foráneos para enseñar a los españoles el mejor modo de labrar los tejidos, la abolición de privilegios de militares y asentistas sobre manufacturas o la creación de una red de superintendentes de comercio y de juntas locales (la primera en Sevilla, en 1687).
En cuanto a la tecnología, la Junta General de Comercio era el órgano que informaba a las autoridades sobre el estado de las máquinas nacionales, la conveniencia de las innovaciones o la existencia de las mismas en el extranjero. Durante el Antiguo Régimen, los “privilegios de invención” conllevaban la explotación en exclusiva de los mismos (temporal o vitaliciamente) por parte de su artífice tras una puesta en práctica ante la autoridad para comprobar la utilidad del invento, coexistiendo además con otras formas de estímulo y protección como recompensas, mercedes, gratificaciones o el secreto.
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| Primer Privilegio de Invención Español (1478) |
En 1478, Pedro de Azlor, médico de Isabel la Católica, recibió de ésta una licencia en Sevilla para inventar molinos de harina y disfrutarlos en exclusiva durante veinte años por el inventor o aquellas personas designadas por el beneficiado.
En 1522 el rey Carlos V concedió por real cédula a Guillén Cabier un Privilegio de Invención a favor de un instrumento para hacer navegar a un barco en tiempo de calma. Con ella se fijó durante todo el Antiguo Régimen la fórmula “Real Cédula de Privilegio de Invención”. Este documento tenía tres partes: descripción del invento señalando su utilidad, el tiempo del monopolio y los castigos a los contraventores. Para recibir el privilegio era inexcusable que el invento pasase un examen previo ante la autoridad (en ocasiones el propio monarca) para comprobar su utilidad y su buen funcionamiento. La real cédula estaba garantizada por la firma del rey y refrendada por sus secretarios. Se hacían de ella tres copias destinadas respectivamente al inventor, la administración y el archivo.
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Con la llegada de la dinastía borbónica al trono español (1700), se intensificó la política mercantilista a imitación del francés Conseil de Commerce (vigente desde 1664). La Junta General de Comercio fue reorganizada bajo una doble representación de funcionarios estatales y de diputados comerciales o representantes de los consulados de las principales ciudades y puertos. Se consolidó su jurisdicción sobre el entero comercio español (incluido el colonial). Sirvió, además, a los intereses económicos franceses y llegó a tener facultad sobre actividades corsarias en aguas del Mediterráneo (Cerdeña y Mallorca).
En 1705, paralelamente a la Junta General de Comercio, Felipe V mandó fundar la Junta de Restablecimiento del Comercio, encargada de “arreglar aquellos puntos que merecían mayor reflexión, y habían de causar mayor novedad” (Larruga: “Historia de la Real y General Junta de Comercio […]”, I, 112 [dig]). En 1707, ambas se unieron en una sola bajo el nombre de la antigua. Aunque se la reforzó en sus funciones jurídicas y se proyectó una reforma para que la integrasen hombres prácticos y expertos en temas económicos, la nueva Junta languideció hasta 1730, año en el que fue reestructurada por completo, agregándosele las competencias referidas a la moneda (acuñación, metales, artífices, maquinaria, pesas, lucha contra la falsificación). Nacía así la Junta General de Comercio y Moneda, bajo la completa influencia de los diversos organismos hacendísticos de entonces (Consejo, Secretaría, Superintendencia). Su primer presidente fue el ilustrado José Patiño Rosales (1666-1736), secretario o ministro de Hacienda con Felipe V y “superintendente general de todos los Reales Ingenios”. Entre sus principales cometidos estuvieron el incremento de los privilegios industriales o el nombramiento de “visitadores” en los distintos reinos y ciudades con la finalidad precisa de inspeccionar las manufacturas e informar a los fabricantes sobre lo que desconociesen.
Con todo, en 1777 la Junta fue reestructurada en dos salas principales (gobierno y justicia) y se mantuvo sin otras reformas hasta su abolición en 1808 por José I Bonaparte, coexistiendo además durante la primera década del siglo XIX al lado de una Junta de Comercio y Navegación. En 1824, volvió a ser instituida por Fernando VII con el nombre de Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, aunque la mayor parte de las competencias sobre comercio y moneda estaban desde 1814 bajo el Consejo de Hacienda, quedando prácticamente extinguida en 1835 tras la creación del Ministerio de Fomento (1832). Para entonces, ya habían surgido en España instituciones y legislación concretas para una efectiva protección de inventos o de los derechos de sus propietarios, como el Gabinete de Máquinas (1788), el Conservatorio de Artes (1810 y 1824), la Dirección de Fomento (1820) o diversas leyes de patentes (1811, 1820 y 1826).
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| Jardín del caballo del Buen Retiro donde tuvo su sede el Real Gabinete de Máquinas |
Por otro lado, a lo largo del siglo XVIII fueron creadas diversas juntas locales: Granada (1718), Valladolid (1722), Cataluña (1728), Valencia (1763), Burgos (1766), Manila (1773). En realidad, estos organismos particulares estaban facultados para recabar información sobre invenciones, tal y como lo reflejaban las ordenanzas fundacionales de la Junta de Comercio de Burgos: “Si alguna persona, dueño de Fábricas, yá sea de los Comerciantes Matriculados, ó yá de los de fuera de matricula, manifestare haver adelantado, ó perfeccionado alguna de sus manufacturas, ó hecho otra invencion nueva, y útil para cualquiera de los ramos de Comercio, ó Agricultura: La Junta Particular, si halláre, y acreditáre ser assi me lo hará presente por medio de mi Junta General de Comercio, expresando quanto conciba en el adelantamiento, ó invención, y los progresos que puedan resultar de ella en utilidad del Comercio, para que á proporción de la obra, y merito de la tal persona, pueda distinguirle con el premio que fuere de mi Real agrado, y que sirva á excitar la noble ambicion de los que trabajan en fomento, y aplicación del Comercio, Fábricas, y Agricultura” (ord. nº XII). También las juntas locales eran aptas para certificar mediante examinadores la viabilidad de los métodos utilizados por los fabricantes o la pericia de estos. Incluso, podían promover premios con sus propios fondos para fomentar la actividad económica (orden del 25/06/1779, en Larruga: “Historia de la Real y General Junta de Comercio”, VII, p. 15 [dig]).
Asimismo, estas juntas locales llegaron a proteger a los propietarios en cuestiones como la marca o el diseño de dibujos. Así lo decía el reglamento para los fabricantes de estampados de seda, promulgado en 1778 por la Junta de Comercio de Cataluña: “Ningun Fabricante podrá pintar en las Piezas el nombre, y apellido de otro Fabricante, ó Dueño de otra Fábrica; y el que contraviniere à ello incurrirá en la pena de dos cientas libras, y de comiso del género” (cap. V), y también: “No podrá Fabricante alguno usar, ni valerse de dibujo nuevo, que haya sacado otro Fabricante, hasta pasados dos años” (cap. VII), bajo pena de 25 libras y la incautación de la mercancía. Igualmente, en 1791, la propia Junta General mandó que cada fabricante español de papel remitiese al respectivo intendente provincial “dos quadernillos de Papel de cada clase de las que trabajáre, en cuyos pliegos estará bien expresado su apellido, y la marca ó distintivo de que usáre, ó quisiere usar, dándole puntual noticia del parage en que se halle su Fábrica, partes de que conste, y si el que la regenta es Propietario, Administrador o Arrendador del Molino; y lo mismo se practicará siempre que hubieran de mudar de marca, ó pasaren de unos Molinos á otros” (prevención nº 3). En ese mismo documento, se afirmaba que “la suplantación de marcas tanto de Fábricas nacionales, como de extrangeras, que está prohibida muy severamente, será castigada con la multa de doscientos ducados” (prev. nº 6).
Bibliografia:
LARRUGA BONETA, EUGENIO:
- Historia de la Real y General Junta de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de Extranjeros; 10 vols., 1788; en:
https://biblioteca.meh.es/CIC/BASIS/tlpesp/www/cat_copy/SDW?W=catno=13629+ORDER+BY+COPYCALL - Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España; 45 vols., 1787-1800; en:
https://books.google.es/books?q=Eugenio+larruga+Memorias+politicas
RIBALTA MOLAS, PEDRO:
- La Junta General de Comercio y Moneda: La institución y los hombres; Revista Hispania, CSIC, 1978.
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- Las Juntas de Comercio en la Europa moderna; Anuario de historia del derecho español, nº 66, 1996.
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- Propiedad industrial y Revolución Liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929); OEPM, Madrid, 1995; en:
https://books.google.es/books?id=S1eAM2QXeyQC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0 - Invención, patentes e innovación en la España contemporánea; OEPM, Madrid, 1999; en:
https://books.google.es/books?id=VEHrf2isr1UC&pg=PT1&dq=Patricio+Saiz+oepm - Legislación histórica sobre propiedad industrial. España 1759-1929; Madrid, OEPM, 1996; en: https://books.google.es/books?id=mJy7cGfNrPUC&pg=PP1&dq=patricio+saiz
- SÁNCHEZ PÉREZ, JUAN B.: La propiedad industrial en España. Bosquejo histórico de legislación; Editorial Reus, Madrid, 1945.
